Cien años después del internamiento en campos
de concentración de las poblaciones rusoparlantes (los rutenos) que entonces
vivían dentro de las fronteras de la actual Ucrania, la historia parece estar
a punto de repetirse.
El ministro de Defensa de Ucrania, Mijaíl
Koval, anunció públicamente su proyecto de internar a los residentes del
Donbass en campos de «filtraje» para reinstalarlos por la fuerza en
otras regiones de Ucrania.
Unos días después, el primer ministro Arseny
Yatseniuk calificó de «subhombres» a los defensores del federalismo de
las regiones orientales de Ucrania.
Los padrinos estadounidenses del régimen de Kiev no sólo se han abstenido de condenar las intolerables declaraciones de Yatseniuk sino que además lo han defendido abiertamente al declarar, por boca de la portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki, que Yatseniuk «ha abogado constantemente por la búsqueda de una solución pacífica», lo cual es mentira.
Según el gobierno ruso, desde el inicio de la crisis cientos de miles de ucranianos han buscado refugio en Rusia, donde están siendo albergados por sus familias y amigos. Las autoridades occidentales refutan la importancia del éxodo arguyendo que no se han creado campamentos de refugiados.
Los padrinos estadounidenses del régimen de Kiev no sólo se han abstenido de condenar las intolerables declaraciones de Yatseniuk sino que además lo han defendido abiertamente al declarar, por boca de la portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki, que Yatseniuk «ha abogado constantemente por la búsqueda de una solución pacífica», lo cual es mentira.
Desde la Agencia de Bienes Inmobiliarios del
Estado ucraniano se han filtrado declaraciones más inquietantes aún que hacen
pensar en la preparación de una profunda limpieza étnica. Se anunció que
extensiones de tierra serán asignadas gratuitamente a los miembros de los
servicios especiales del ministerio del Interior y del ejército que están
luchando contra los federalistas. Ante la perspectiva de una limpieza étnica
de gran envergadura en Ucrania no es necesario ser particularmente
inteligente para adivinar a expensas de quiénes se organizará esa entrega de «tierras
gratuitas» que recuerda la necesidad de «espacio vital» (Lebensraum)
que otros reclamaron en otra época.
Al menos 1 000 prisioneros murieron en
Talergof como resultado de la política de internamiento que aplicaba el Imperio
Austrohúngaro.
Fue en 1914 cuando se aplicó por vez primera
una política de internamiento en campos de concentraciones contra las
poblaciones a las que se condenaba por su empatía con Rusia. Los austriacos
internaron a los rutenos y los lemkos (subgrupo étnico estrechamente
emparentado con los rutenos o rusinos) afirmando que la obstinación con la que
ambos grupos reivindicaban su propia identidad olía a traición. De la misma
manera, la negativa de los pueblos del Donbass a renunciar a su propia identidad
les vale ahora las actuales acusaciones de traición, lanzadas específicamente
por el ministro de Defensa ucraniano, Mijaíl Koval. Este último llegó a ese
cargo cuando su precedecesor fue destituido por no haber logrado
impedir la reunificación de Crimea con la Federación Rusa.
Las declaraciones extremadamente radicales del
ministro Koval demuestran que Rusia no estaba errada cuando expresó
preocupación, desde marzo de 2014 –o sea, antes de la reunificación– ante
el riesgo de crisis humanitaria. Las pruebas de ese riesgo inminente fueron
ampliamente expuestas en un Libro Blanco sobre las violaciones de los
derechos humanos en Ucrania .Todos sabemos ahora, después de las
revelaciones sobre el método que el ministro ucraniano de Defensa piensa
aplicar para poner fin a la crisis, que si la población de Crimea
no hubiese tomado en sus manos la defensa de sus derechos y solicitado la
reunificación con Rusia, los habitantes de Crimea probablemente irían
a parar también a los «campos de filtraje» cuya apertura se está
programando y que los sobrevivientes serían después deportados lejos de la
tierra que los vio nacer.
El destino que Korval reserva a los habitantes
del Donbass contradice gravemente las normas del derecho internacional y
constituye un crimen contra la humanidad. La deportación forzosa y el
desplazamiento de poblaciones, su internamiento motivado por el hecho de
residir en determinada región así como la adopción de medidas discriminatorias
contra un grupo étnico y cultural están formalmente prohibidas a la luz del
Artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal
Internacional (CPI).
Para Yatseniuk y sus acólitos del régimen de
Kiev, los habitantes de las regiones orientales de Ucrania que se oponen a su
política no son otra cosa que «subhombres» . Así que los
derechos humanos no se aplican a esas poblaciones. Por consiguiente,
esos «subhombres» ya no tendrán derecho a que se les reconozcan sus
propiedades, de las que se verán desposeídos durante las “reubicaciones” a las
que han de verse sometidos. Sus casas, sus tierras y sus empresas serán el
tributo («las tierras gratuitas») que el régimen de Kiev ha prometido a
sus jenízaros desplegados en las provincias del este.Según el gobierno ruso, desde el inicio de la crisis cientos de miles de ucranianos han buscado refugio en Rusia, donde están siendo albergados por sus familias y amigos. Las autoridades occidentales refutan la importancia del éxodo arguyendo que no se han creado campamentos de refugiados.
Los dirigentes occidentales han optado por
ignorar esas violaciones flagrantes de los derechos humanos, aunque siempre se
apresuran a emitir denuncias ante supuestas violaciones y en amenazar con
intervenciones militares a los culpables que ellos mismos designan. Así se
demuestra que la retórica del «deber de intervención humanitaria» y los
eslóganes que la acompañan no han sido nunca otra cosa que mentiras
al servicio de ambiciones estratégicas hábilmente disimuladas.
La realidad es que, contrariamente al papel
pacificador que se atribuyen, los países occidentales encabezados por
Estados Unidos que tanto reclaman un supuesto derecho de intervención humanitaria
aportan un criminal respaldo al régimen de Kiev, que se dispone a
emprender su proyecto de limpieza étnica en Ucrania. Desde que se produjo el
golpe de Estado de febrero, numerosos consejeros militares han llegado a ese
país y han llovido los dólares mientras que el FBI y la CIA no escatiman
la ayuda al nuevo régimen ucraniano. Es indudable que todos esos medios
servirán a la junta de Kiev para liquidar, con uso de la fuerza, los
movimientos de protesta que se mantienen en la parte oriental del país y
para aplastar a los federalistas ucranianos. Estados Unidos se hace
directamente cómplice de todos los crímenes de guerra que están cometiendo las
fuerzas armadas y los mercenarios a sueldo de Kiev. Así que
Washington compartirá igualmente la responsabilidad en el proyecto de
limpieza étnica que está preparando el ministro ucraniano de Defensa Mijaíl
Koval.
Los 6 millones de habitantes del Donbass
se ven hoy ante la amenaza de un desastre humanitario similar al que fue
impuesto a sus mayores hace 70 años. Muchos creyeron, erróneamente, que
las fuerzas criminales causantes de aquellos horrores habían sido
definitivamente barridas del continente europeo y que aquellos tiempos de barbarie,
que el régimen de Kiev reinstaura hoy en día con la complicidad y el activo
apoyo de sus padrinos occidentales, se habían terminado para siempre.
Se agradece otros puntos de vista sobre lo que ocurre en Ucrania - tan lejos y tan cerca -. Impresiona la diferencia con la información que aquí tenemos y preocupa la política Europea seguida allí.
ResponderEliminarTenemos, en Europa, muchos problemas; y la política exterior es uno de ellas. Dejemos de mirarnos el ombligo y actuemos con altura de miras, antes de que sea tarde y las victimas se cuenten por centenares de miles.