La Constitución de 1978 nos ha proporcionado los mejores años de nuestra
Historia. Gracias a ella han sido posibles la garantía de los derechos y
libertades, los fundamentos del Estado social, la participación democrática en
la toma de decisiones, o el desarrollo de una profunda descentralización
política a partir del reconocimiento de la diversidad de nuestro país; y, con todo
lo anterior, el incremento del bienestar de los españoles y la convivencia en
armonía de todos ellos.
Los socialistas nos sentimos orgullosos de nuestra Constitución, de nuestra
participación en su elaboración y defensa y de nuestra decisiva aportación a su
aplicación y desarrollo por la legislación ordinaria.
Sin embargo, la crisis económica que azota a España con dureza desde 2008,
y las respuestas dadas por los poderes públicos a la misma, han minado la
confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el orden político surgido de la
Constitución en tal medida que aquella crisis se ha extendido hasta incorporar
manifestaciones claras de una crisis también social, política, territorial e
Sus síntomas se pueden observar todos los días. El reconocimiento formal de
determinados derechos sociales como principios rectores de la política social y
económica, no ha impedido su anulación o recorte y el consiguiente incremento
de la necesidad, la pobreza y la sensación de desamparo. Las dificultades de
las instituciones democráticas para ordenar la economía de acuerdo con los
intereses generales y la corrupción que contamina la acción pública han
debilitado la legitimidad de la representación política y han acrecentado la
reclamación de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Las dificultades de funcionamiento armónico del Estado de las Autonomías y
de su financiación, conviven con la evidencia, que no debemos ignorar, de que,
en Cataluña, muchos ciudadanos se muestran insatisfechos con la forma en
que, en ese Estado, se reconoce su identidad.
La España de 2015 no es ya, en definitiva, la de 1978. Es una España en la
que la mitad de la población no participó en la aprobación de la Constitución y
hoy reclama su espacio. Es una España más moderna, más rica,
decididamente descentralizada, integrada en la Unión Europea, inmersa en la
globalización económica, afectada por unas tecnologías de la información y la
comunicación que han cambiado la forma de entender el mundo y, también, la
forma de hacer política y de gestionar los asuntos públicos. Es una España
constituida por millones de ciudadanas y ciudadanos más plurales, más
heterogéneos, más formados, más participativos y más exigentes a la hora de
reclamar el funcionamiento eficaz de sus instituciones y el respeto a sus
derechos y libertades.
Esta nueva realidad no ha tenido reflejo, hasta ahora, en reformas parciales de
la Constitución para irla adecuando a las necesidades y requerimientos de los
nuevos tiempos, para tejer y rehacer permanentemente los consensos políticos
y ciudadanos que caracterizaron su aprobación.
Nuestro Estado ahora necesita remodelarse para un nuevo largo periodo de
convivencia con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social,
la estabilidad política y la solidaridad territorial entre las generaciones vivas, un
legado político que debemos dejar a las futuras.
Cuatro razones fundamentales avalan la necesidad de la reforma:
Primera, que la realidad se ha transformado tan profundamente que
necesitamos extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales,
singularmente los derechos sociales básicos.
Segunda, que la experiencia de estos casi cuarenta años ha puesto de relieve
la existencia de instituciones y mecanismos que no cubren de manera
adecuada los objetivos del Estado democrático y las exigencias de calidad
democrática que demanda la ciudadanía.
Tercera, que la Constitución dejó prácticamente en blanco el modelo territorial,
por lo que hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se dejó muy
abierto y sin precisar, actualizando y relegitimando nuestro modelo para
mejorar la convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana.
Cuarta, que nuestra vocación europeísta nos exige reforzar el compromiso con
la Unión Europea más social y decidida a la integración, articulando con ella
nuestra relación, mejor y más intensamente, desde la propia norma
constitucional.
Sabemos que ni la Constitución resuelve por sí sola todos los problemas de
nuestra convivencia ni hay que recoger en ella todas las respuestas que los
nuevos tiempos exigen. Algunas de las reformas que necesitamos pueden
llevarse a cabo mediante decisiones normativas de rango ordinario; otras
requieren formalmente la reforma constitucional o, al menos, la merecen para
dotarlas de la proyección simbólica que contienen; y aun otras solo necesitan
de una cultura política más democrática y colaborativa.
Los socialistas creemos que el tiempo para la reforma de la Constitución ya ha
llegado. Y también creemos que este convencimiento es crecientemente
compartido por los ciudadanos.
Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con
esperanza. Y también, y sobre todo, con voluntad de diálogo y acuerdo.
Orgullosos de la Constitución, no pretendemos abrir un proceso constituyente
sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer
los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las
transformaciones experimentadas por nuestra sociedad.
Convencidos de la función de integración de nuestra Constitución, marco
común normativo fundamental que debe permitir y garantizar la actuación de
todas las opciones políticas democráticas, no pretendemos imponer nuestras
posiciones a nadie.
Por todo ello, sabemos que la reforma de la Constitución, en cuanto
instrumento esencial de la convivencia, sólo tendrá sentido y sólo podrá salir
adelante si es fruto del pacto, si cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las
fuerzas políticas y de la ciudadanía. Sabemos, incluso, que, si la reforma
concluye con éxito, no incluirá algunas de las propuestas que nosotros
presentemos: los efectos del acuerdo compensarán con creces esas renuncias.
Hoy ofrecemos a los ciudadanos nuestra propuesta de reforma. Es una oferta
abierta, llamada a completarse y discutirse con las que formulen el resto de los
actores políticos y también la propia ciudadanía.
Queremos analizar todas ellas, discutirlas, buscar los puntos de convergencia,
precisarlas y concluir con un acuerdo final ampliamente mayoritario,
especialmente cuando alguna de ellas requiere el procedimiento agravado de
reforma constitucional. Fuimos capaces de hacerlo con generosidad; los
ciudadanos se merecen que hoy volvamos a ponernos de acuerdo en su
nombre.
En concreto, planteamos modificar la Constitución con los siguientes cinco ejes
u objetivos generales para mejorar nuestro modelo de sociedad y de Estado:
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